Familias venezolanas enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes tras el colapso de la infraestructura mortuoria en el país sudamericano. El terremoto registrado el 4 de julio de 2026 causó daños catastróficos en morgues, cementerios y servicios forenses, dejando miles de cadáveres sin identificar y sin posibilidad de ser entregados dignamente a sus deudos.

La saturación extrema en los servicios forenses de las zonas afectadas ha provocado retrasos severos en la identificación de víctimas. Las familias denuncian que el desorden logístico institucional y la creación de fosas comunes masivas amenazan con impedirles dar una sepultura digna a sus seres queridos, agravando el drama humanitario desatado por la tragedia natural.

Ante esta situación crítica, organizaciones no gubernamentales han hecho un llamado urgente al gobierno venezolano para implementar sistemas de registro genético rápido y desplegar morgues móviles en las provincias siniestradas. Estas medidas buscan brindar certeza a los familiares y garantizar el respeto hacia los fallecidos en medio de la devastación que impera en Venezuela.