Organizaciones de derechos humanos registraron el desplazamiento forzado de cientos de personas en comunidades de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, por la violencia del crimen organizado. La Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno alertó de una crisis humanitaria en la zona limítrofe con Sinaloa y Durango.

El pronunciamiento está firmado por 10 organizaciones, entre ellas Alianza Sierra Madre, CEDEHM, Tlachinollan y la Red TDT. Señalan que las familias huyeron por los enfrentamientos y el despojo de sus propiedades, y que quienes se refugian al aire libre carecen de alimentos, cobijo y atención médica. Según el documento, las personas adultas mayores son quienes menos pueden huir y muchas se quedan en sus casas.

El documento afirma además que la Secretaría de Seguridad Pública estatal admitió ante la Misión que las fuerzas locales están rebasadas por el poder de fuego de los grupos criminales.

Por su parte, el municipio informó que la alcaldesa Ana Laura González Ábrego se reunió con familias desplazadas y les entregó alimentos, cobijas y artículos de primera necesidad.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Ángel Aguirre, aseguró que el Ejército, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigación y la Policía del Estado mantienen presencia permanente en el municipio. Explicó que hay una mesa estatal diaria para revisar incidentes prioritarios y otra en la Fiscalía para atender a las familias desplazadas.

Sigue pendiente la instalación del Subcentro Centinela en Guadalupe y Calvo: la Secretaría requiere que el Ayuntamiento facilite un inmueble en comodato y, por falta de acuerdos, el proyecto permanece detenido. Chihuahua cuenta con 13 regiones de seguridad y 11 subcentros de la Plataforma Centinela.