El 8 de septiembre de 2020 quedará en la memoria de Chihuahua como una de las noches más trágicas del conflicto por el agua en la entidad. Lo que comenzó como una intensa movilización de productores agrícolas en la presa La Boquilla terminó con la muerte de Jéssica Estrella Silva Zamarripa y heridas graves para su esposo, Jaime Torres, cuando ambos regresaban en su camioneta tras participar en las manifestaciones.

Aquella jornada de protesta se enmarcaba en la tensión que vivía la región por la extracción de agua y la operación de las turbinas de la presa. Los agricultores cuestionaban las políticas de manejo del recurso hídrico y exigían respuestas de las autoridades federales respecto al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos. Cientos de productores y habitantes de diversas comunidades convergieron en la zona de Camargo para hacer escuchar sus demandas.

Alrededor de las 21:00 horas, cuando la caravana de manifestantes ingresaba a Ciudad Delicias, la camioneta que transportaba a Jéssica y Jaime recibió disparos de elementos de la Guardia Nacional. El incidente dejó un saldo de una persona fallecida y otra con lesiones severas. Desde los primeros momentos surgieron versiones contradictorias sobre lo ocurrido, generando un debate público sobre la responsabilidad de las fuerzas de seguridad.

En febrero de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 52VG/2022 dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El organismo documentó violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo seguridad jurídica e integridad personal, provocadas por el uso ilegítimo de la fuerza. La CNDH responsabilizó directamente a elementos de la Guardia Nacional por los hechos.

Seis años después, el caso de Jéssica Silva permanece como referente del debate sobre el uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad en Chihuahua y como recordatorio de los costos humanos de los conflictos sociales en la entidad.