Las autoridades de Camargo enfrentan restricciones legales para resolver la situación en la antigua preparatoria federal, donde se encuentra un asentamiento de la comunidad rarámuri. El director de Seguridad Pública, Sergio Martínez, aclaró que al tratarse de un inmueble privado, los elementos no pueden ingresar para imponer orden sin violar la ley.

Martínez explicó que el camino es diferente: colaborar con el propietario para asegurar que cuente con todos los permisos de funcionamiento, autorizaciones de uso de suelo y documentación regulatoria necesaria. Esto permitiría que el espacio tenga el funcionamiento correcto sin riesgo legal para la corporación.

El funcionario también anunció que buscará coordinación con el DIF y la Secretaría de Desarrollo Humano, además de otras dependencias estatales, para revisar en conjunto cómo se desarrollan las condiciones en ese sitio. Martínez enfatizó la importancia de garantizar que la población rarámuri cuente con servicios básicos dignos y que los empleadores cumplan con sus obligaciones de proporcionar vivienda y condiciones adecuadas.

Aunque la seguridad pública tendrá limitaciones para intervenir en el interior del predio, Martínez aseguró que estarán atentos a cualquier situación externa que requiera su actuación y podrían intervenir si se registran casos dentro del asentamiento que demanden su participación.