Un nexo personal compartido públicamente en plataformas digitales se convirtió en la prueba central de la Fiscalía Anticorrupción contra el juez Manuel Jurado Torres. Durante la audiencia inicial de la causa penal 2412/2026, ante la juzgadora Laura Mendoza en el Distrito Judicial Morelos, el Ministerio Público argumentó que la cercanía entre el magistrado y el abogado defensor Juan Carlos Payán Roacho generó ventajas procesales indebidas que comprometieron la imparcialidad de la justicia.

La controversia se origina en una resolución del 23 de diciembre de 2025, cuando Jurado Torres, actuando como Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo, revocó la prisión preventiva que meses antes había impuesto la jueza Martha Margarita Piñón Aldana a Julio César M.V., quien enfrenta acusaciones de violencia familiar y violación. En su lugar, el juzgador autorizó resguardo domiciliario atendiendo la solicitud del abogado defensor, su cercano conocido.

Para la Fiscalía, esta decisión constituye una violación grave de los procedimientos penales establecidos. Los fiscales subrayaron que modificar una medida cautelar requiere demostración objetiva de cambios en los hechos del caso, no simplemente una reinterpretación tardía de lo resuelto por la jueza original.