Las comunidades rarámuri de Bacajipare, Huitosachi y Mogótavo acudieron ayer a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Panamá, donde denunciaron que las sentencias que ganaron contra el proyecto turístico Barrancas del Cobre no se han cumplido, entre ellas la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de un hecho histórico para estos pueblos originarios de Chihuahua.

Integrantes de las comunidades relataron que el megaproyecto llegó hace más de 20 años, impulsado por el gobierno de México y por inversionistas privados, sin consultarlos y sin respetar su derecho a la libre autonomía. Señalaron que desde entonces se construyeron carreteras, hoteles y parques de aventura con teleféricos, tirolesas y puentes colgantes, mientras las decisiones se siguen tomando en un Consejo Consultivo donde, afirmaron, el gobierno y los empresarios tienen la última palabra.

Contaminación de agua y tierra

Ante los comisionados, las comunidades denunciaron que las aguas negras de hoteles y cabañas se vierten en ríos y arroyos, pues las tuberías no están conectadas y las descargas de baños y hoteles van directo a los cauces. Añadieron que la basura se acumula en el bosque y que un vertedero clandestino sigue creciendo.

Aunque una sentencia ordena construir una planta tratadora, denunciaron que se pretende instalarla dentro de su territorio, lo que seguiría contaminando los arroyos cercanos. También afirmaron que han recibido amenazas para que abandonen la tierra donde nacieron, y advirtieron que no se trata solo de un daño ambiental, sino de una violación a su libre determinación sobre el territorio.

Sin agua potable y con represalias

Mediante un video proyectado en la audiencia, una mujer rarámuri describió cómo el arrastre de basura y agua sucia afecta el arroyo, del que dependen ante la falta de aguajes. Las comunidades indicaron además que las familias no cuentan con agua potable y deben comprarla en cisternas a precios muy altos, mientras que las casas de salud fueron construidas con recursos propios.

Aseguraron que el empleo turístico no es digno ni adecuado a su cultura, que faltan educación y transporte, y que al defender sus derechos enfrentan represalias y discriminación. Agregaron que el megaproyecto también ha modificado sus prácticas culturales.