Un juez de control del Distrito Judicial Morelos impuso este domingo prisión preventiva a Alejandro R. M., señalado como presunto responsable del homicidio de Francisco Javier Romero López, el joven de 20 años y estudiante de Criminología que fue asesinado a balazos el 26 de octubre de 2025 en la colonia Continental de la ciudad de Chihuahua. La audiencia inicial se realizó un día después de su captura.

En esa audiencia, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, le formuló imputación por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La tentativa corresponde a las lesiones que sufrió otro hombre que estaba en el mismo domicilio.

El juez fijó para el próximo viernes 9 de octubre la audiencia en la que se resolverá si el imputado es vinculado o no a proceso. La causa penal quedó registrada con el número 4377/2025.

La detención ocurrió la noche del sábado 3 de octubre, cuando agentes de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en un domicilio del sector Nombre de Dios, al norte de la capital. En el operativo participaron también la Guardia Nacional y la Policía Municipal. Las direcciones exactas que reportan los distintos medios no coinciden; la versión de la autoridad ubica el cateo en la calle Grutas de Nombre de Dios.

Según las indagatorias de la Fiscalía, la víctima y el ahora imputado coincidieron en una fiesta en un domicilio de la calle América, en la colonia Continental. Tras una discusión, el agresor disparó con un arma calibre .45 y huyó en un vehículo. Francisco Javier murió en el lugar.

El caso tardó casi un año en llegar a esta etapa. De acuerdo con los antecedentes recabados por la autoridad, el señalado se desempeñaba como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad y habría promovido un juicio de amparo que retrasó el cumplimiento de la orden de aprehensión.

Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado se presume inocente mientras un juez no declare su responsabilidad mediante sentencia. Será el juez de control quien valore los datos de prueba del Ministerio Público en la audiencia del 9 de octubre.