Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro de labores en distintas entidades del país, entre ellas Chihuahua y Ciudad Juárez. Protestan contra el acuerdo del Órgano de Administración Judicial (OAJ) que regula la evaluación de desempeño del personal de carrera judicial, programada para diciembre. Consideran que el mecanismo pone en riesgo su estabilidad laboral y su antigüedad.

Protestas en varias ciudades

En Monterrey, los empleados bloquearon de forma intermitente todos los carriles de la avenida Constitución. En Cancún cerraron con candado el acceso a las instalaciones. En la Ciudad de México hubo bloqueos sobre Avenida Insurgentes y en Periférico, con paso restringido en ambos sentidos.

Lo que ocurre en Chihuahua

En la capital del estado, los trabajadores se manifestaron afuera de los Tribunales Federales de la avenida Mirador. Después entraron por sus pertenencias y se retiraron del inmueble. Adelantaron que no volverán a sus labores hasta que se modifique el acuerdo.

En Ciudad Juárez, trabajadores sindicalizados suspendieron actividades solo este viernes. Miguel Ángel Casanova Toscano, representante de la sección 19, explicó que la inconformidad no es por los exámenes ni la capacitación. Lo que preocupa son las consecuencias de evaluaciones posteriores, pues quienes no acrediten los conocimientos podrían enfrentar procedimientos que deriven en su separación de la carrera judicial.

Casanova detalló que la sección agrupa a unos 350 trabajadores sindicalizados y que retomarán labores el lunes 9 de noviembre. Las instalaciones seguirán abiertas para asuntos urgentes y no se impedirá el acceso a la ciudadanía. Agregó que podrían realizarse dos mesas de trabajo con el OAJ la próxima semana. El acuerdo se publicó el 5 de noviembre.

La postura del OAJ

El Órgano de Administración Judicial rechazó que los exámenes puedan provocar despidos o la pérdida de plazas. Señaló que la medida abarca a unos 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales de más de 900 tribunales y juzgados federales.

Precisó que la primera evaluación, del 4 al 15 de diciembre, será solo diagnóstica. No habrá aprobados ni reprobados, y los resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia del personal. Su objetivo, dijo, es detectar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar la impartición de justicia.

La primera evaluación ordinaria, que sí tendrá los efectos previstos en la ley, se realizará una vez concluidas las acciones de capacitación. El OAJ defendió que estas evaluaciones son una atribución constitucional prevista en el artículo 100 de la Carta Magna.