Colectivos defensores de los derechos de las mujeres y organizaciones sociales elevaron una demanda enérgica para que se imponga prisión preventiva y una condena carcelaria contra el exdirector de Petróleos Mexicanos acusado de haber agredido físicamente a su esposa. Los grupos activistas insistieron en que la condición de exfuncionario federal no puede servir como escudo para evadir la justicia, especialmente considerando la gravedad de las lesiones infligidas a la víctima en los hechos ocurridos el 3 de julio de 2026.

La presión ciudadana se dirige específicamente hacia la Fiscalía de Morelos para que formalize los procedimientos legales con total transparencia y presente ante un juez de control la solicitud de las medidas cautelares más rigurosas que correspondan. Las activistas enfatizaron que este caso debe convertirse en un antecedente claro de que ningún agresor, independientemente de su nivel económico o posición en la administración pública anterior, quedará por encima de la ley.

Las organizaciones subrayaron que la aplicación de justicia en este proceso es fundamental para reafirmar la protección del Estado a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y para demostrar que en México no existe impunidad para aquellos que cometeten este tipo de delitos.