Organizaciones civiles presentaron este martes un informe alarmante sobre el desplazamiento forzado de pobladores en Chihuahua, resultado de la confrontación entre grupos criminales y la ejecución de proyectos mineros en zonas vulnerables del estado.

De acuerdo con la Misión Civil de Observación (MCO) realizada en mayo pasado, durante 2025 se registraron al menos 4 mil 492 personas desplazadas en Chihuahua. El municipio de Guadalupe y Calvo fue el más afectado, con mil 335 desplazados que han migrado principalmente hacia la capital Chihuahua, Delicias y Parral en busca de seguridad.

El informe documenta que el Triángulo Dorado, ubicado en los límites con Durango y Sinaloa, es epicentro de una disputa territorial que ha intensificado la violencia. Las personas desplazadas enfrentan ataques focalizados contra líderes comunitarios, amenazas, desapariciones y ataques indiscriminados con armamento de alto calibre y drones explosivos. La MCO identificó un patrón sistemático de reclutamiento forzado que los grupos criminales utilizan como mecanismo de control territorial.

Un hallazgo preocupante es la relación entre el desplazamiento de comunidades y el inicio de proyectos de explotación minera. La misión documentó este patrón en localidades como Monterde (Guazapares), Los Trigos (Guachochi) y San Julián (Guadalupe y Calvo), donde pobladores fueron obligados a abandonar sus hogares antes de que iniciaran operaciones extractivas.

Según las organizaciones, los habitantes de zonas afectadas enfrentan tres opciones: incorporarse forzadamente a grupos criminales, sufrir ataques directos o desplazarse. Aunque la presencia del crimen organizado en la región no es nueva, la violencia se ha exacerbado significativamente en las últimas dos décadas, generando un desplazamiento masivo sin precedentes.