Nuevo Casas Grandes atraviesa una crisis sin precedentes de orden vial y convivencia social. Este lunes 3 de agosto se cumplen exactamente 3 años y 3 meses desde que el Gobierno del Estado desarmó y disolvió la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Policía Vial, dejando a la ciudad en un limbo institucional donde las calles carecen de autoridad preventiva.

La intervención comenzó el 3 de mayo de 2023 con un operativo sorpresa encabezado por el entonces Fiscal General César Jáuregui Moreno y el Secretario de Seguridad Pública Estatal Gilberto Loya Chávez, respaldados por 150 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Se prometió vigilancia integral bajo el esquema de Mando Único tras acusaciones de corrupción contra corporaciones municipales. Sin embargo, tres años después, la cobertura estatal y federal se limita a recorridos esporádicos enfocados en delitos de alto impacto, abandonando completamente el ordenamiento urbano y la prevención vial.

Las consecuencias son tangibles para la ciudadanía. La ausencia de agentes de tránsito ha generado un aumento exponencial de choques que dejan heridos y muertes. Paralelamente, vehículos todoterreno tipo Razer circulan impunemente durante las noches, violando una prohibición estatal vigente desde hace más de dos años. Exceso de velocidad, motores a escape abierto, música a volúmenes ensordecedores y polvaredas en zonas residenciales son ahora rutina cada madrugada. A esto se suma la conducción bajo influencia del alcohol, visible en calles donde los conductores transitan bebiendo a la vista de todos, multiplicando accidentes y atropellos.

A pesar de demandas constantes de sectores productivos, organismos civiles y ciudadanía por recuperar una fuerza preventiva cercana, falta coordinación entre autoridades estatales y municipales para resolver el conflicto político que mantiene paralizada la seguridad local.