El agente del Ministerio Público en Camargo, Javier Almeida, abordó el caso de una mujer identificada como Carolina N., a quien se le atribuye la destrucción de vehículos mediante el quiebre de cristales, espejos y otras afectaciones. Almeida aclaró que la dependencia aún espera que Seguridad Pública de Camargo remita formalmente el expediente para su análisis.

Según el funcionario, existe la posibilidad de que la persona padezca alguna discapacidad mental, circunstancia que requeriría la intervención del DIF Camargo para realizar una evaluación profesional. En caso de confirmarse un deterioro cognitivo, la responsabilidad penal podría recaer sobre sus familiares como garantes de su bienestar e integridad física.

El MP enfatizó que determinar la responsabilidad dependerá de estudios especializados que aún no se han realizado, ya que la institución no ha tenido contacto directo con la imputada. Almeida hizo hincapié en que los comentarios en redes sociales no sustituyen los procedimientos legales formales ni las evaluaciones médico-psicológicas que establezcan definitivamente si la persona será sometida a un proceso penal ordinario o especial.

El representante de la Procuraduría subrayó que cualquier determinación sobre culpabilidad o aplicación de medidas debe basarse en pruebas documentadas y no en testimonios públicos, siendo necesario que los denunciantes acudan directamente a las autoridades para formalizar sus reportes.