La detención del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui, aspirante del PAN a la alcaldía de la capital, abrió un frente de presión contra la gobernadora Maru Campos, tanto desde Morena a nivel nacional como desde las filas del propio panismo chihuahuense.

Desde la Ciudad de México, Citlalli Hernández exigió que el caso conduzca al esclarecimiento de un operativo en el que presuntamente participaron agentes de la CIA, y que se determine si hubo una violación a la soberanía nacional. También pidió que el asunto no se use para blindar políticamente a la mandataria estatal.

Piden que la gobernadora explique qué sabía

Hernández sostuvo que Maru Campos debe aclarar qué sabía, cuándo lo supo y qué decisiones tomó. Subrayó que la responsabilidad de la gobernadora no desaparece por la captura de quien fue su fiscal.

El caso se relaciona con indagatorias sobre operativos de seguridad en los que habría intervenido personal extranjero sin apego estricto a los protocolos de colaboración internacional. Esto ha detonado un debate sobre los límites de la cooperación y la protección del territorio nacional.

Panistas hablan de persecución política

Desde el otro lado, integrantes del PAN en Chihuahua también apuntan contra la gobernadora. La detención de Jáuregui se vincula con la presunta violación de protocolos y un presunto delito de traición a la patria, a raíz del desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

Este sábado por la tarde, allegados al exfuncionario se manifestaron en la explanada del Tribunal Superior de Justicia, donde Jáuregui compareció. Entre gritos de apoyo como "¡César, no estás solo!" y "¡Libertad!", acudieron su esposa, Angélica Moreno, y el senador Mario Vázquez.

El exmagistrado y abogado de Jáuregui, Luis Villegas, calificó lo ocurrido como persecución política y aseguró que Campos resultó "veinte veces peor" que el exgobernador Javier Corral.

Actores políticos insisten en que se conozca toda la verdad y se finquen responsabilidades sin excepciones, y advierten que la soberanía del país no puede depender de acuerdos opacos con agencias extranjeras.