Legisladores y especialistas jurídicos de Chihuahua aclararon los verdaderos alcances de la iniciativa conocida informalmente como "ley antimemes", enfatizando que la norma no restringe la libertad de expresión ni criminaliza el humor en plataformas digitales.

La reforma penal se orienta específicamente a sancionar conductas delictivas como la suplantación de cuentas gubernamentales, la falsificación de logotipos institucionales y la alteración de documentos oficiales mediante herramientas de inteligencia artificial. Los infractores podrían enfrentar penas de cárcel por usar identidades públicas falsas con propósitos de fraude o desinformación hacia la ciudadanía.

Las autoridades subrayaron que la caricatura política, los memes convencionales y toda forma de sátira permanecen completamente protegidos por la constitución. El catálogo de conductas punibles excluye expresamente el ejercicio legítimo de libertad de opinión en redes sociales.

Organizaciones defensoras de derechos digitales monitorean el texto final de la legislación para prevenir interpretaciones ambiguas que pudieran ser mal aplicadas por ministerios públicos. Los legisladores reiteraron que el objetivo central es combatir la cibercriminalidad y usurpación de identidad oficial sin comprometer la libre manifestación de ideas.