Israel Vallarta celebró su absolución legal declarándose totalmente libre, pero no sin antes exigir a las autoridades competentes una investigación exhaustiva sobre los actos de tortura de los que fue víctima. El caso del ciudadano mexicano, quien estuvo recluido durante varios años sin sentencia formal, se ha convertido en un símbolo de las fallas del sistema de justicia en el país.

En una declaración ante medios el 19 de junio de 2026, Vallarta criticó duramente las irregularidades que permitieron su prolongado encarcelamiento sin pruebas de culpabilidad. Señaló que su situación expone violaciones sistemáticas a la presunción de inocencia y el uso abusivo de la prisión preventiva como herramienta de castigo.

El caso ha puesto en el centro del debate público las deficiencias estructurales del sistema de procuración y administración de justicia. Vallarta no solo demanda reparación del daño por los años perdidos, sino que también exige castigo penal para los funcionarios responsables de su detención mediante abuso de autoridad.

Sus demandas incluyen reformas legales profundas que limiten el uso de la prisión preventiva prolongada y establezcan mecanismos más rigurosos de investigación para casos donde se alegue tortura. El caso de Vallarta se suma a otras denuncias sobre prácticas irregulares en órganos judicales del país.