Iglesia católica pide al Gobierno frenar presuntas detenciones arbitrarias de migrantes en la CDMX

La Iglesia católica pidió al Gobierno respetar la dignidad de las personas migrantes y llamó a suspender de inmediato presuntas “redadas” que, de acuerdo con su postura, se han registrado en alcaldías de la Ciudad de México. En un pronunciamiento difundido por la Arquidiócesis de México, señaló que ninguna persona pierde su dignidad por su condición migratoria y que los migrantes no representan una amenaza, sino el sector más vulnerable ante la violencia y la desesperanza.
La Arquidiócesis indicó que ha recibido testimonios “directos y verificados”, junto con organizaciones hermanas, sobre detenciones ocurridas en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, particularmente en colonias como Guerrero, San Rafael, La Merced y Tepito, así como en zonas de Polanco e Iztapalapa. Explicó que personas extranjeras habrían sido trasladadas por presuntos vehículos oficiales con logotipos de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, interceptadas en la vía pública e incluso en sus viviendas, hacia estaciones migratorias y, posteriormente, a otros estados.
También se señaló que, en numerosos casos, estos operativos se habrían efectuado sin órdenes oficiales que los amparen, sin identificación clara de los agentes y sin garantías mínimas del debido proceso. La Iglesia consideró especialmente alarmante que entre las personas detenidas haya solicitantes de refugio con trámite vigente ante la COMAR, personas en regularización e incluso personas ya reconocidas como refugiadas por el Estado mexicano.
Ante ello, el órgano católico sostuvo que detener a quienes ya cuentan con un documento expedido por la autoridad que los protege representa una contradicción inadmisible y una violación al principio de no devolución. Por su parte, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que acompañen los operativos y las traslados a estaciones migratorias, con el fin de verificar y documentar posibles violaciones a derechos humanos.
La postura se da en el contexto de medidas antiinmigrantes impuestas en el regreso al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras lo cual cientos de migrantes buscan tramitar asilo en México y su permanencia en territorio mexicano habría llegado a elevarse hasta 20 por ciento.


