Decenas de familias campesinas e indígenas desplazadas por la violencia de los municipios de Moris y Uruachi ocuparon de manera pacífica viviendas abandonadas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado, en la ciudad de Cuauhtémoc, para exigir su derecho a la vivienda.

En un comunicado, las familias señalaron que desde hace más de dos años dejaron sus comunidades, donde perdieron casas, ganado, siembras, muebles y herramientas. En Cuauhtémoc han tenido que pagar rentas altas, vivir hacinadas varias familias en una casa y buscar trabajo y escuela para sus hijos.

Las 165 viviendas del fraccionamiento, que aseguran llevan más de 15 años desocupadas, ya habían sido ocupadas en febrero, pero las familias fueron desalojadas tras amenazas y presión policial. Afirman que desde entonces tocaron puertas en la Presidencia Municipal, la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), el Gobierno del Estado y la federación para pedir comprarlas, no que se las regalaran, sin recibir respuesta por escrito.

En junio supieron que Coesvi subastó todo el fraccionamiento y lo adjudicó a la Inmobiliaria AGH. Acusan que se vendió por 45.6 millones de pesos y presentaron una demanda ante el Comité de Enajenaciones, Depuración y Comodatos de Coesvi para que se revierta o anule la subasta, con seis agravios que señalan presuntas irregularidades.

Hace un día, las mismas familias habían protestado en Cuauhtémoc para pedir una solución de vivienda.