La Misión Civil de Observación exigió la intervención permanente del Ejército en Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, donde cientos de personas han abandonado sus comunidades a causa de la violencia del crimen organizado. La organización también demandó un plan integral de protección y pacificación para la región.

Según la Misión, las familias desplazadas enfrentan condiciones críticas: carecen de alimentos, refugio, ropa y atención médica. Por ello, pidió que la respuesta de las autoridades no se limite a acciones aisladas y se traduzca en medidas sostenidas.

Una crisis de dimensión estatal

La magnitud del problema ya es visible en las cifras. En Chihuahua se contabilizan 4 mil 492 personas desplazadas durante 2025, de las cuales mil 335 son originarias de Guadalupe y Calvo. Además, de 89 denuncias por desplazamiento forzado, solo dos han terminado en sentencia.

El pasado 6 de noviembre se presentaron recomendaciones a la Comisión de Atención al Desplazamiento Forzado Interno del Estado, con cuatro exigencias centrales: actualizar el censo de víctimas, instalar una mesa interinstitucional con los tres niveles de gobierno, elaborar un programa integral de atención y garantizar una partida presupuestal específica para ejecutarlo.

Piden coordinación entre gobiernos

En el ámbito político, el diputado local Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, llamó al Gobierno Federal a intervenir de inmediato. Sostuvo que combatir a las organizaciones criminales corresponde a las autoridades federales, en colaboración con las estatales y municipales. Medina, quien preside la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, dijo que da seguimiento a la situación y que apoyará a las familias en sus gestiones.

Por su parte, la diputada local Joss Vega calificó la situación de los desplazados como muy lamentable y pidió trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno, incluso con desacuerdos de por medio. Sus declaraciones se dieron tras los comentarios del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien destacó la presunta falta de atención de instituciones federales. Hasta el momento no se han anunciado acciones concretas por parte de las autoridades competentes.