Diputada chihuahuense alerta sobre reforma que responsabiliza a proveedores de internet y amenaza con multas millonarias

Por Daniel Ríos·
Fachadas de oficinas comerciales en una avenida de ciudad norteña, con negocios locales y vehículos estacionados
Imagen generada con IA

La diputada federal Manque Granados encendió las alarmas sobre una reforma que Morena busca aprobar esta semana en la Cámara de Diputados. La iniciativa modifica la Ley Federal del Derecho de Autor para responsabilizar a los proveedores de internet por los contenidos que publican sus usuarios, una medida que la legisladora chihuahuense califica como un riesgo directo para la libertad de expresión.

Según la propuesta que será discutida en San Lázaro, los proveedores de servicio de internet enfrentarían multas de hasta 40 mil UMA —más de 4.6 millones de pesos— si no retiran de sus plataformas contenidos modificados o alterados sin autorización, como memes o imágenes generadas con inteligencia artificial. Granados advirtió que estas sanciones millonarias funcionarían como una espada de Damocles que incentiva la censura preventiva: las empresas simplemente desactivarían contenidos antes de arriesgar el golpe económico.

"Notificar a un usuario no es garantizar el debido proceso. Avisarle que perderá el servicio no equivale a darle la oportunidad real de presentar pruebas y obtener una revisión imparcial", señaló la diputada al cuestionar los procedimientos establecidos en el artículo 114 Octies de la reforma. Presentó una reserva en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para eliminar disposiciones que considera vagas sobre cómo se determina una reincidencia y cómo puede defenderse el usuario afectado. La propuesta fue rechazada por Morena y sus aliados.

La reforma conocida informalmente como "ley antimemes" es parte de una agenda legislativa intensiva que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, confirmó será debatida esta semana. El proyecto también incluye cambios a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que prevén penas de uno a cinco años de prisión por usar, reproducir o imitar identidades gráficas institucionales a escala comercial.

Granados concluyó con una reflexión sobre el patrón que observa en las políticas del gobierno actual: "La censura no llega de golpe. Lo hemos venido advirtiendo con este gobierno que se inspira en regímenes que creen en la vigilancia como método para el control social".

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