Un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Jesús A.R., dentista de 30 años, a quien la Fiscalía señala como presunto autor intelectual del homicidio calificado y robo agravado cometidos contra la asistente dental Martha Rosario G.S. El hecho ocurrió el 27 de octubre de 2026 en un consultorio de la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez, y el imputado permanecerá detenido mientras avanza el proceso penal.

La audiencia se realizó esta mañana ante el juez Gabriel Alberto Anaya. Al exponer los datos de prueba, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) acusó al dentista de haberse reunido con otras dos personas, que hasta ahora no han sido detenidas, para planear el robo. El consultorio se ubica en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Joaquín Terrazas.

De acuerdo con la acusación, el imputado trabajaba desde hacía dos años en otro consultorio, en la calle Manuel Altamirano, que pertenece a la misma empresa donde la víctima, de 53 años, llevaba 32 años laborando. Por esa razón, la Fiscalía sostiene que habría proporcionado información interna, además de los hábitos y movimientos del personal y de la mujer.

El Ministerio Público indicó que un testigo protegido relató que el imputado se reunió previamente con sus presuntos cómplices. Según ese testimonio, el día del ataque recibió una llamada en altavoz en la que quien habría ejecutado el robo y el homicidio le reclamó, con groserías, que no había tanto dinero como se esperaba y que por ello tuvo que disparar contra la víctima.

El acusado pidió al juez que lo dejara en libertad y se comprometió a cumplir con las medidas que se le impusieran. La FEM se opuso y solicitó la prisión preventiva por el riesgo de que evada la justicia, la posibilidad de que obstaculice el proceso al alertar a los otros dos presuntos implicados que siguen libres, y el peligro que su libertad representaría para las víctimas indirectas, los testigos protegidos y la comunidad juarense.

El juez fijó la medida cautelar por un plazo de 24 meses y destacó el riesgo para la seguridad de la población, así como la perspectiva de género. El imputado solicitó el plazo ampliado de 144 horas para aportar pruebas, por lo que la audiencia en la que se resolverá si es vinculado a proceso quedó programada para el 9 de noviembre de 2026.