El Instituto Nacional de Estadística y Geografía identificó un problema grave en el registro de desplazados forzados por violencia en Chihuahua: muchas familias afectadas nunca denuncian los hechos ante autoridades. Esta cifra negra representa a miles de personas que sufren en silencio, según análisis de especialistas en derechos humanos.

Las razones detrás de este subregistro son claras. En municipios serranos y zonas rurales del estado, las víctimas enfrentan amenazas directas de grupos delictivos si denuncian. Además, existe desconfianza profunda en las corporaciones de seguridad. Sin denuncias formales, estos desplazados quedan excluidos de los padrones de asistencia social, refugios temporales y programas de restitución de derechos que ofrece el gobierno.

Las consecuencias trascienden lo individual. El desplazamiento masivo y oculto está desmantelando la estructura económica de comunidades serranas enteras. Parcelas abandonadas, negocios cerrados y viviendas vacías rompen los ciclos productivos locales. Los afectados termina asentándose en periferias urbanas donde viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos ni protección.

Organismos defensores de derechos humanos exigen acciones inmediatas al Gobierno del Estado. Piden que el INEGI y las dependencias responsables diseñen nuevas metodologías de campo que respeten la protección de las víctimas y logren dimensionar la verdadera escala del problema. Además, reclaman garantías de seguridad operacional para quienes denuncien, acompañadas de apoyo económico prioritario que permita a los desplazados reconstruir sus vidas sin temor a represalias.