La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) ha registrado 399 denuncias por desplazamiento forzado en Chihuahua desde 2015, pero estima que 95 por ciento de las personas afectadas no formaliza su denuncia. Lo informó su titular, Norma Ledezma Ortega, quien reconoció que no existe una cifra exacta de personas desplazadas.

Ledezma Ortega explicó que la estimación se basa en la experiencia de los últimos tres años. En comunidades de apenas seis, ocho o diez familias, los enfrentamientos entre grupos criminales pueden obligar a todos sus habitantes a abandonar sus hogares sin acudir a ninguna autoridad. Los 399 registros corresponden únicamente a víctimas reconocidas por la CEAVE.

La mayor concentración de casos está en Guadalupe y Calvo, en comunidades de la Sierra Tarahumara. También se han reportado desplazamientos en Uruachi y Moris, en la región occidente.

El tema se discutió esta semana en una mesa de trabajo en Palacio de Gobierno con la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea, que realizó una misión de observación en la Sierra. Participaron autoridades estatales, entre ellas la Fiscalía General del Estado y la CEAVE. Los representantes de la plataforma advirtieron que los enfrentamientos armados continúan y pidieron que la atención incluya no solo a quienes se desplazaron en los últimos cinco años, sino también a quienes hoy están en riesgo de abandonar sus casas.

La misión recorrió Parral, Guadalupe y Calvo y Baborigame desde el martes 3 de noviembre, con acompañamiento de la eurodiputada catalana Diana Riba, quien afirmó que detrás del desplazamiento hay una lucha por el control del territorio. El miércoles 4, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de la Zona Sur participaron en una reunión de trabajo en Baborigame con autoridades indígenas y municipales y organizaciones civiles. La misión busca documentar agresiones, despojo y desplazamiento para hacer público un informe y exigir protección al Estado.