Desplazamiento forzado en Chihuahua: el Estado cuenta 10 mil apoyos y 5 mil 200 atenciones en cinco años, pero aclara que no es un censo

Por Daniel Ríos·
Comunidad serrana con casas de madera entre pinos y neblina al amanecer
Imagen generada con IA

El Gobierno del Estado informó que en los últimos cinco años ha otorgado alrededor de 10 mil apoyos a personas en situación de desplazamiento forzado, con unas 5 mil 200 atenciones de primer contacto, sobre todo a personas de municipios de la Sierra Tarahumara.

Sahara Cárdenas Fernández, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y presidenta de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, aclaró que las cifras no son un censo ni un registro oficial de personas desplazadas. Son el recuento de los servicios que ha dado la Comisión.

Por eso hay dos números distintos: las 5 mil 200 atenciones son el primer contacto, y los 10 mil apoyos suman también las visitas de seguimiento. El protocolo estatal prevé volver a visitar a las familias, así que una misma familia puede aparecer varias veces.

Según la funcionaria, las personas atendidas salieron principalmente de Guadalupe y Calvo, Moris, Uruachi y Madera. Los municipios que más reciben a quienes llegan en busca de ayuda son Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral.

El protocolo incluye entrevistas individuales con las jefas y jefes de familia para conocer por qué salieron de sus comunidades y qué necesitan. La ayuda humanitaria comprende alimentación, alojamiento temporal, salud, educación, higiene, acompañamiento jurídico, trámite de documentos, vinculación al trabajo y atención psicológica y social. Se considera víctimas del delito a quienes presentan una denuncia, pero a todas las personas que dicen ser desplazadas se les atiende de buena fe.

Las cifras se dieron en una mesa extraordinaria de trabajo con organismos internacionales, instituciones jurídicas y organizaciones de derechos humanos, convocada a petición de una comitiva que recorrió comunidades de la Sierra y entrevistó a personas que dijeron haber sido desplazadas. Participaron la eurodiputada Diana Riba i Giner y otros representantes del ámbito jurídico.

El titular de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos, afirmó que el Estado atiende los reportes en cuanto los recibe y que las mesas de trabajo con organismos nacionales e internacionales continuarán para revisar avances de forma periódica.

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