Ernesto Avilés Mercado, presidente del Colegio de Juristas, advirtió que el desmantelamiento de la sede de la segunda instancia en el Distrito Judicial Hidalgo con base en Parral constituye un retroceso institucional y una violación constitucional grave. Durante una asamblea estatal de la abogacía, el jurista explicó que esta medida infringe directamente el principio pro persona del Artículo 1° y el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial garantizado en el Artículo 17 de la Constitución Federal.

Avilés Mercado enfatizó que, más allá de argumentos técnicos o presupuestales, el cierre de los tribunales generaría una discriminación territorial contra familias y litigantes de toda la región sur del estado. Señaló que la permanencia del Tribunal Superior de Justicia en Parral fortalece el tejido institucional, reduce la vulnerabilidad ante la delincuencia y dinamiza la economía local mediante la derrama de recursos en profesionales, servicios y comercio.

Patricia Domínguez, presidenta del Colegio de Abogados de Parral, rechazó el traslado y alertó sobre costos superiores a medio millón de pesos y afectaciones graves al acceso a la justicia. Nahum Nájera Castro, primer presidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados (FECHCA), respaldó desde Ciudad Juárez la lucha por mantener la descentralización judicial y urgió la creación de una sala adicional en materia familiar.

Representantes de otras regiones del estado también expusieron necesidades prioritarias. Desde Nuevo Casas Grandes, Luis Raúl Hinojos denunció el colapso del juzgado familiar local y el desproporcionado crecimiento de la burocracia administrativa frente a la falta de personal jurisdiccional. Los dirigentes de Camargo y Jiménez solicitaron la instalación de Oficialías de Partes de segunda instancia locales para evitar traslados innecesarios de litigantes. Georgina Carrazco Gamboa, del Colegio de Ojinaga, demandó que cualquier decisión se sustente en estudios técnicos transparentes sobre cargas de trabajo.