Habitantes del estado de Chihuahua enfrentan retenes carreteros de la Fiscalía General de la República (FGR) donde denuncian cobros arbitrarios, amenazas y violaciones a derechos humanos, con autoridades federales que sistemáticamente ignoran las quejas presentadas en redes sociales y organismos defensores.

Los puntos de control aparecen regularmente en la autopista Juárez-Chihuahua en ambas direcciones, así como en rutas hacia Delicias y Camargo en el centro estatal. Según reportes de afectados, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal utilizan presuntas irregularidades en permisos aduanales como pretexto para extorsionar a conductores, extrayendo cantidades que oscilan entre 200 dólares y mil pesos. Barras de abogados y defensores de derechos humanos señalan que la presencia de estas instituciones en los retenes resultaría indispensable para frenar los abusos, pero las autoridades federales rechazan cualquier supervisión externa.

Un aspecto particularmente problemático es la presencia de agentes sin identificación oficial en estos puntos, identificados como colaboradores de los mandos. Analistas locales cuestionan la necesidad de estos retenes considerando que militares operan un punto de revisión oficial desde hace décadas en Samalayuca. Mientras tanto, autoridades de la FGR mantienen una postura pasiva ante las denuncias, limitándose a instruir a víctimas que realicen trámites formales de denuncia que históricamente no generan resultados.