Habitantes del estado denuncian constantes abusos en los retenes carreteros operados por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, donde afirman ser extorsionados y amenazados sin que exista supervisión de derechos humanos en estos puntos de control.

Los retenes se encuentran distribuidos principalmente en la vía Juárez-Chihuahua en ambos sentidos, así como en la ruta hacia Delicias y Camargo. Según reportes ciudadanos, los agentes federales cobran cantidades arbitrarias bajo amenaza de consignar a los conductores por supuestas irregularidades en documentación aduanal o permisos vehiculares. Las cifras mencionadas van desde 200 hasta mil dólares según cada caso.

Barras de abogados y organizaciones de defensa de derechos humanos han señalado que estos puntos de revisión operan sin la presencia de representantes que supervisen los procedimientos. Las autoridades federales justifican su existencia, aunque militares mantienen un retén establecido desde hace décadas en la altura de Samalayuca. Los denunciantes han recurrido a redes sociales para documentar sus casos ante la falta de respuesta de las autoridades.

Añaden que en estos retenes es común encontrar a personas no identificadas que se presentan como personal de la Fiscalía, lo que genera mayor desconfianza en los procedimientos llevados a cabo. Mientras tanto, los reclamos ciudadanos se acumulan sin que exista un mecanismo visible de investigación o rendición de cuentas por parte de los mandos federales responsables.