La defensa del exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, presentó un recurso de apelación contra la resolución que lo vinculó a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público. Los abogados alegan que no hay pruebas suficientes de que conociera, autorizara o participara en los hechos que se le atribuyen.

El abogado Edgar Oswaldo Torres Sandoval interpuso el recurso dentro de la causa penal 3055/2026, en contra de la determinación que dictó el 22 de octubre un juez de primera instancia en materia penal del Distrito Morelos. Se trata del proceso del fuero común, distinto de la causa federal que Jáuregui enfrenta por presunta traición a la patria.

Siete agravios contra la resolución

En el escrito, la defensa plantea siete agravios relacionados con la valoración de las pruebas, la falta de precisión sobre las conductas atribuidas al exfiscal y la insuficiencia de los argumentos con que se justificó la vinculación a proceso.

Uno de los principales cuestionamientos es que el juez habría atribuido conocimiento y responsabilidad a Jáuregui a partir de reuniones institucionales, relaciones jerárquicas y actuaciones de otros funcionarios, sin identificar una conducta concreta que demuestre su intervención. Al respecto, el recurso sostiene que la anuencia atribuida a otros servidores públicos no puede transferirse al exfiscal solo por su posición de superior jerárquico.

Testimonios y reuniones privadas

Los abogados también objetan la valoración de las entrevistas a diversos agentes sobre la presencia de personas extranjeras en los operativos. Argumentan que la resolución no distingue entre quienes tuvieron conocimiento directo de los hechos y quienes solo recibieron información de terceros. Para la defensa, la coincidencia de esos testimonios no demuestra por sí misma que Jáuregui supiera de dicha participación o que la autorizara.

Otro agravio se refiere a las reuniones privadas entre funcionarios. El escrito afirma que su existencia no permite concluir de manera automática que en ellas se dieron instrucciones ilegales, pues la privacidad de un encuentro puede explicar la ausencia de observadores, pero no revela lo que se dijo.

Finalmente, la defensa advierte que la cantidad de testimonios recabados y la amplitud de la investigación no sustituyen la obligación de acreditar elementos específicos que vinculen al imputado con las conductas investigadas. Señala que puede haber información abundante sobre terceros y, aun así, persistir una insuficiencia respecto de la intervención de Jáuregui.