El presidente de Coparmex Chihuahua, Jorge Treviño Portilla, planteó que el aumento al salario mínimo para 2027 debe quedar por debajo del 10 por ciento, ya que un ajuste desproporcionado, en medio del estancamiento económico, podría tener un efecto contraproducente para el sector productivo.

El dirigente empresarial aseguró que la organización siempre estará a favor de la salud financiera de los trabajadores, pero subrayó que el panorama económico del país es complejo. A ello se suman, dijo, nuevas cargas regulatorias para las empresas, como la Ley Silla y la propuesta de reducir la jornada laboral.

Treviño Portilla calificó como positivas las reformas laborales por separado, aunque advirtió que aplicarlas al mismo tiempo y sin una planeación específica puede asfixiar a las empresas. Recordó que el organismo ha exigido al Gobierno que los cambios vayan acompañados de un plan de acción que permita elevar la productividad y dar a los negocios capacidad de adaptación.

Como ejemplo, indicó que resulta inviable subir el salario mínimo 25 por ciento cuando el crecimiento económico nacional apenas alcanza 1 por ciento. "Se ha visto que se enfocan en elevar las cargas a las empresas y no se han preocupado porque crezcan y, gracias a ese crecimiento, puedan asimilar estos cambios", señaló.

El CCE propone un aumento cercano al 6%

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares Delgado, había propuesto un incremento de un solo dígito para 2027. Su planteamiento consiste en sumar la inflación más dos puntos porcentuales, lo que dejaría el aumento cerca del 6 por ciento.

Mares Delgado señaló que, tras varios años de alzas de doble dígito, incluido el último ajuste de 13 por ciento, continuar con esa tendencia sería "muy peligroso" ante la situación financiera de los negocios y el alza en los costos de operación. Reconoció la importancia de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a una inflación de entre 3 y 4 por ciento, pero advirtió que un aumento de dos dígitos golpearía sobre todo a las micro y pequeñas empresas, que enfrentan una acumulación de presiones financieras.