La Comisión Permanente del Congreso de México aprobó una iniciativa que solicita la revisión de las tarifas eléctricas y subsidios en Ojinaga, comunidad fronteriza donde las temperaturas extremas del verano generan un consumo desproporcionado de energía en los hogares. La propuesta fue impulsada por el senador Mario Vázquez Robles de Chihuahua, tras coordinaciones con autoridades municipales de Ojinaga, y busca que las autoridades federales evalúen otorgar una tarifa preferencial de electricidad para esta zona considerando su clima árido extremo.

Vázquez argumentó ante el pleno que los residentes de Ojinaga enfrentan rutinariamente consumos elevados de electricidad porque el aire acondicionado y otros equipos de enfriamiento son necesidades básicas y no lujos durante los períodos de calor intenso. "Para los habitantes de Ojinaga, las altas temperaturas no son solo un asunto de bienestar", señaló el legislador, destacando que el clima afecta directamente las finanzas familiares al requerir un consumo sustancial de energía para mantener los hogares frescos.

La medida fue incorporada a un dictamen más amplio aprobado por la Tercera Comisión de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente, que aborda tarifas eléctricas, subsidios y calidad del servicio en varias regiones de México. El Congreso exhortó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía a fortalecer programas del sistema eléctrico nacional y mantener actualizados los criterios de tarifas y subsidios estacionales, además de mejorar los mecanismos para atender quejas de usuarios.

Ojinaga, ubicada frente a Presidio, Texas, en una de las zonas más calurosas del Desierto Chihuahuense, registra temperaturas veraniegas que crean una demanda significativa de sistemas de enfriamiento residencial. La aprobación de esta medida no establece de inmediato una nueva tarifa preferencial, sino que insta a las autoridades federales a revisar la situación particular de la comunidad y evaluar si su clima extremo justifica un trato diferenciado en la estructura de tarifas y subsidios de México.