Organizaciones y colectivos ciudadanos rechazaron la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado y publicada oficialmente el 30 de junio, al considerar que limita derechos y espacios que habían garantizado mayor representación de grupos históricamente marginados en la entidad.

Durante una rueda de prensa, los representantes de estos colectivos destacaron que las acciones afirmativas habían funcionado correctamente. En el proceso electoral 2023-2024 se registraron 435 candidaturas de pueblos indígenas, personas con discapacidad y de la diversidad sexual, logrando la elección de 102 personas. Sin embargo, la nueva reforma reduce significativamente estos espacios: personas con discapacidad y de la diversidad sexual deberán compartir una única acción afirmativa limitada apenas al 2 por ciento de las regidurías que registren los partidos políticos.

Los colectivos también cuestionaron cambios que afectan la representación indígena y la protección contra la violencia política hacia las mujeres. Particularmente, condenaron la eliminación de la elección directa de regidurías contemplada para 2027, advirtiendo que esta medida refuerza el control de las dirigencias partidistas sobre las planillas municipales.

Como respuesta, las organizaciones informaron haber presentado 30 amparos ante el Tribunal Estatal Electoral y solicitado acciones de inconstitucionalidad para que se derogue la reforma. En sus argumentos enfatizaron que "los derechos políticos deben avanzar, no retroceder", en un llamado a garantizar inclusión política genuina en Chihuahua.