Cierran escuelas en Janos y Ascensión por falta de maestros de base

Por Gabriela Ponce·
Escuela primaria cerrada con candados mientras padres de familia permanecen afuera en protesta por falta de maestros
Imagen generada con IA

Una crisis educativa sin precedentes sacude a las comunidades rurales de Janos y Ascensión, en la región de Paquimé, tras la falta de asignación de plazas docentes definitivas por parte de los Servicios Educativos del Estado. Cientos de menores permanecen sin clases mientras padres de familia y habitantes protestan por la ausencia de maestros de base.

En el Ejido San Pedro, municipio de Janos, los padres de familia cumplieron su advertencia e iniciaron un cierre total de la escuela primaria "Alfredo V. Bonfil" número 2078 desde la madrugada del lunes. Con candados en las puertas y pancartas que exigen "La educación es un derecho", la comunidad mantiene la protesta durante toda la semana. Su demanda es clara: la llegada inmediata de cinco maestros de base. "Nuestros hijos tienen derecho a maestros, a clases y a una educación de calidad. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo un derecho", manifestaron los voceros de la Sociedad de Padres de Familia del ejido, criticando que las autoridades ofrecen únicamente plazas temporales que causan rotación constante de docentes.

La situación es igualmente grave en Ascensión, donde siete grupos completos de la escuela primaria "Fray Pedro de Gante" 2057 no han podido comenzar clases. Los padres dirigieron su reclamo a la Coordinación Educativa de la Región Paquimé y reconocieron que el problema se origina a nivel central en la capital del estado. Como solución temporal, la comunidad propone que se otorguen interinatos a maestros radicados localmente que ya cuentan con experiencia en el plantel.

El movimiento de protesta pone en evidencia una falla estructural en la asignación de recursos humanos educativos. Las sociedades de padres de familia insisten en que la rotación constante de maestros temporales interrumpe la continuidad pedagógica y vulnera el derecho constitucional de los menores a una educación de calidad. Las autoridades educativas enfrentan la presión de resolver estas vacantes antes de que la crisis se profundice en más planteles de la región.

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