Obligar a una persona menor de edad a vivir en pareja con un adulto será castigado en Chihuahua con penas de ocho a 15 años de prisión, tras la aprobación unánime del Congreso del Estado para tipificar la cohabitación forzada. Las disposiciones prevén que la pena aumente hasta 20 años en determinados casos, además de multas económicas.

Con esta reforma, Chihuahua se convirtió en el estado número 19 del país en reconocer esta práctica como delito y establecer sanciones para quienes la ejerzan.

La modificación incorpora al Código Penal un capítulo llamado "Cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad". Sanciona a quien obligue, coaccione, gestione u oferte a menores de edad para unirse de manera informal o consuetudinaria —con o sin su consentimiento— con una persona mayor de 18 años, con el fin de convivir de forma constante y equiparable a un matrimonio.

El Congreso también reformó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y fijó multas de mil a dos mil 500 días.

Por qué se legisló

Durante la presentación del dictamen, la diputada Irlanda Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Justicia, alertó que México ocupa el octavo lugar global en esta práctica y que, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, al ritmo actual erradicarla tomaría tres siglos.

La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena Jael Argüelles, quien explicó que la conducta es equiparable al matrimonio infantil y que suele justificarse bajo el concepto de usos y costumbres. Aunque la ley civil prohíbe el matrimonio infantil desde 2013, la ausencia de sanciones penales dejaba sin protección a las menores.

En el dictamen se señaló que la práctica afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes, las expone a la violencia, trunca su educación y frena su desarrollo, y suele quedar fuera de los registros oficiales porque ocurre sin trámite legal.