Los dos agentes de la CIA que murieron en abril en un accidente tras un operativo en Chihuahua no contaban con autorización para estar en México, de acuerdo con las pruebas que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó contra el exfiscal estatal César Jáuregui, quien es investigado por presunta traición a la patria.

La FGR sostiene que Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black estuvieron en el país para dar un supuesto adiestramiento sobre la operación de drones. El accidente ocurrió durante una operación para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara y dejó cuatro muertos: los dos estadounidenses, el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes.

Según la orden de aprehensión, no hay documentos que sustenten la presencia de los agentes. Entre los más de 140 datos de prueba figura un oficio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que indica que, tras una búsqueda exhaustiva, no se halló registro alguno sobre ellos y que se desconoce su calidad migratoria, porque no se firmó acuerdo con Relaciones Exteriores para su acreditación.

La Fiscalía federal también cuenta con testimonios. Un testigo dijo haber visto a los dos estadounidenses con ropa de senderismo y encapuchados, sin hablar español ni portar equipo táctico, y que en ningún otro operativo había acompañado personal extranjero. Otro elemento afirmó que los vio varias veces con Oseguera, a quien se dirigían solo a él.

Tras el accidente, otras dos personas extranjeras llegaron al lugar y se identificaron como empleados de la embajada de Estados Unidos; según un testimonio, mencionaron que los cuatro eran de la embajada y que operaban o capacitaban en el tema de drones.

La carpeta de investigación contra Jáuregui y contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas, documenta omisiones a los artículos 68 y 69 de la Ley de Seguridad Nacional sobre cooperación internacional. La ley exige acreditación oficial emitida por la cancillería, y no se encontró autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad para que la Fiscalía de Chihuahua tuviera reuniones o comunicaciones con agentes extranjeros.