Las carreteras que conectan Ojinaga con Aldama y Camargo presentan un deterioro que ha convertido el tránsito por estas vías en una prueba constante para conductores y pasajeros. Un nuevo accidente ocurrido en el kilómetro 33 de la carretera Aldama-Ojinaga, donde una camioneta se volcó dejando a un adulto mayor con lesiones, nuevamente pone en evidencia una problemática que los ciudadanos llevan años denunciando sin obtener respuestas efectivas.

Aunque las autoridades preliminarmente señalan el exceso de velocidad y falta de pericia del conductor como causas del siniestro, surge una pregunta fundamental: ¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos federal y estatal cuando estas carreteras permanecen en mal estado desde hace años? La seguridad vial no depende únicamente del comportamiento de quienes conducen, sino también de infraestructura adecuada, señalización clara y mantenimiento continuo que las autoridades están obligadas a proporcionar.

Los ciudadanos de Ojinaga y zonas aledañas no requieren más discursos políticos ni confrontaciones entre niveles de gobierno. Lo que exigen es una solución concreta: carreteras en condiciones seguras que permitan desplazarse sin riesgo. Cada accidente representa familias afectadas, pérdidas económicas y, en casos extremos, vidas que pudieron preservarse con una infraestructura carretera digna.

La prevención debe ser una prioridad inmediata, no una promesa que surge después de cada tragedia. Los gobiernos tienen la obligación de asumir responsabilidad, dejar de lado las diferencias políticas y actuar antes de que otro percance lamente otra familia chihuahuense.