Mario Mata Carrasco, jefe de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, encendió las alarmas al denunciar que el Gobierno federal estaría organizando el traslado de 300 millones de metros cúbicos de agua desde las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero hacia Estados Unidos. La medida respondería a los compromisos que México mantiene bajo el Tratado Internacional de Aguas de 1944.

A través de redes sociales, Mata Carrasco comparó la situación actual con conflictos previos vividos en la entidad hace seis años, cuando la extracción de agua para cumplir obligaciones bilaterales enfrentó una fuerte resistencia de productores agrícolas y habitantes de la región. El funcionario estatal también vinculó la posible entrega con presiones derivadas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que podría exigir al país el cumplimiento de acuerdos relacionados con el suministro hídrico.

La advertencia reaviva una disputa histórica que ha marcado la relación entre Chihuahua y las autoridades federales. Hace años, la apertura de compuertas en las presas locales para enviar agua al norte generó tensiones significativas entre agricultores y gobiernos, quienes advirtieron sobre el impacto en la disponibilidad del recurso para la actividad agrícola estatal.

Con una disponibilidad de agua que depende directamente de los niveles de almacenamiento de sus principales embalses y las condiciones climáticas, una extracción de esta magnitud representaría un golpe considerable para el sector agrícola chihuahuense. Las autoridades locales nuevamente enfrentan la posibilidad de priorizar compromisos internacionales sobre las necesidades hídricas de la región.