Un grupo de afectados por Aras Investment Business Group se manifestó este viernes frente al Palacio de Gobierno, en el Centro de Chihuahua, para exigir que se cumpla la sentencia condenatoria del caso y que se les repare el daño económico. Los manifestantes bloquearon la calle Aldama y cerraron el acceso del personal al edificio.

Oficiales de vialidad cerraron también las calles Escorza y Guerrero, además de la Tercera, para evitar congestionamiento vehicular en la zona.

El próximo 16 de noviembre se cumplirán cinco años desde que estalló el caso, sin que las víctimas hayan recibido la compensación establecida en la resolución judicial.

Felipe Acosta, representante legal de los afectados, señaló que el problema de fondo es que los bienes disponibles para responder por las afectaciones económicas se están reduciendo: inicialmente eran 122 propiedades y actualmente la cifra es de 79. Atribuyó la disminución a distintos procedimientos legales, incluidos amparos relacionados con la posesión y el dominio de los inmuebles. Los afectados, añadió, desconocen las condiciones actuales de esos bienes.

Tras el bloqueo, los representantes de las víctimas acudieron a las 10:00 horas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde los recibió el entonces encargado del despacho, Francisco Sáenz Soto. Ese mismo viernes, horas después, la gobernadora Maru Campos designó a Gilberto Loya Chávez como nuevo encargado del despacho de la Fiscalía.

De esa gestión salió un compromiso: el martes a la una de la tarde los recibirán el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, y Sáenz Soto, para definir puntos que permitan avanzar en la reparación. "Esperemos que sea verdad", dijo Acosta.

Si no hay una respuesta favorable, los afectados anunciaron que volverán a manifestarse el lunes y que no descartan extender las protestas a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda.