A casi cuatro años del motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, las familias de los diez custodios que murieron en el ataque siguen sin recibir una indemnización. Así lo denunció la diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, tras reunirse este lunes con las viudas como parte del acompañamiento legal que les brinda.

El 1 de enero de 2023, un grupo armado irrumpió en el penal estatal y atacó al personal de seguridad. El hecho derivó en la fuga de decenas de personas privadas de la libertad y dejó 17 muertos: diez custodios y siete internos.

Una demanda que no avanza

Según la legisladora, las familias no han obtenido una respuesta favorable a sus solicitudes de indemnización y reparación del daño. Afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dependencia de la que dependían los custodios, no ha mostrado sensibilidad y, en vez de agilizar el proceso, litiga en contra de las demandas por indemnización y daño moral que presentaron los deudos.

Pérez Reyes sostuvo que las familias reclaman una compensación porque consideran que hubo omisiones de la autoridad, entre ellas la falta de capacitación y de protocolos de protección para quienes trabajaban dentro del penal.

Señalamientos contra el exsecretario

La diputada señaló que, de acuerdo con las viudas, Gilberto Loya Chávez no las recibió para escuchar sus planteamientos cuando encabezaba la SSPE. Loya dejó recientemente ese cargo para asumir responsabilidades en la Fiscalía General del Estado, lo que también fue motivo de crítica de la legisladora.

Pérez Reyes añadió que la reparación del daño a las víctimas en Chihuahua es uno de los temas más olvidados y con menor prioridad para el gobierno estatal.

La diputada se comprometió a mantener el respaldo jurídico a las familias y a no detener las gestiones hasta que el Gobierno del Estado garantice el sustento económico de las viudas y los hijos de los custodios, así como justicia integral.